Redacción NTN24 Venezuela,
28/08/2017
La Fiscal General de la República
Luisa Ortega Díaz, destituida por la Constituyente de Nicolás Maduro, indicó
que le ha entregado a la justicia de Estados Unidos y Brasil pruebas que
involucran al presidente venezolano y al constituyente Diosdado Cabello de
estar relacionados con los casos de corrupción de la empresa brasileña
Odebrecht.
A juicio de la fiscal venezolana
estas acusaciones no serán respondidas en Venezuela, e indicó que existen
muchos funcionarios del Estado venezolano involucrados en acciones ilícitas.
Sobre las presuntas vinculaciones
de Nicolás Maduro, Luisa Ortega Díaz indicó que "el presidente Nicolás
Maduro sustrajó del fisco nacional entre 8 y 10 millones de dólares en
efectivo, que los pagó a una importante firma y utilizaron como fachada a una
empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa".
Puntualizó que la empresa
venezolana sería propiedad de la ciudadana Mónica Ortigoza Villamil, esposa de
Alejandro Escarrá Gil, quien es sobrino del constituyente Hermánn Escarrá.
"Todas estas pruebas las vamos a entregar a Estados Unidos", precisó
la funcionaria destituida.
Ortega Díaz agregó además que
"tengo muchas pruebas del último escándalo de corrupción que afecta no
sólo a Venezuela, sino a toda la región, el caso Odebrecht, hay pruebas que
involucran a un miembro de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, yo me
he reunido con unos fiscales de la Fiscalía de Estados Unidos y esas pruebas ya
fueron entregadas, mientras que otras pruebas las he dejado en Brasil".
Apostilló que en relación a la
empresa brasileña Odebrecht, también estarían involucrados Elías Jaua, Jorge
Rodríguez, Jesse Chacon y Maximilian Sánchez Arveláez, otro funcionario del
Estado venezolano.
A
la Justicia Internacional
La Fiscal Luisa Ortega Díaz
solicitó a Costa Rica y a la Comunidad Internacional apoyo para que pueda
hacerse justicia en Venezuela.
"Hemos dado los primeros
pasos para poner en marcha los mecanismos de la Justicia Universal, como forma
legítima de aplicación del Derecho y del combate de la criminalidad que hoy
ejerce el poder en Venezuela, es un gran reto que tiene la comunidad
internacional para abordar este asunto, pero la inacción y el silencio no es
una opción", apuntó.
Ortega Díaz destacó que ha sido
una práctica del gobierno de Nicolás Maduro armar a civiles para incentivar la
violencia.
"Ha sido una práctica del
gobierno de Venezuela armar a civiles para que ataquen a los que piensan
distinto, para que no puedan responsabilizarlos, en el país hay un mal uso de
las armas, a pesar de que tenemos una ley contra el desarme", puntualizó.
La Fiscal venezolana fue tajante
al manifestar que "el gobierno se ha encargado de armar a la población,
por su puesto que estoy en contra de esta política de armar a civiles porque lo
que hace es provocar más violencia".
Denunció además la violación de
los derechos humanos y políticos en el país, "padecemos una sistemática
violación de los derechos humanos, durante las recientes manifestaciones
producidas en el país se registró la muerte de más de 130 venezolanos, entre
los que predominaban jóvenes y aproximadamente 2 mil personas lesionadas, en su
mayoría por la represión del gobierno de Venezuela".
Indicó que tiene pruebas
"del uso de armas de fuego en el control de las movilizaciones y de la
modificación de las municiones, le incorporaban metras y objetos metálicos,
tenemos evidencias del uso desproporcionado de los gases tóxicos en escuelas y
hospitales y de las miles de detenciones, de las torturas, de los tratos
crueles y degradantes que ocurrieron durante las detenciones y posterior a las
detenciones".
Dejó claro que estas violaciones
son producto "de órdenes dadas por mandos superiores para la
violación masiva de los derechos humanos, así como el constante encubrimiento
de los responsables".
Ilegitimidad
de la Constituyente
La titular del Ministerio Público
explicó en Costa Rica las razones por las que la Asamblea Constituyente es
ilegal y contraviene lo dispuesto en la Constitución Venezolana.
Reiteró que "en Venezuela
para convocar una Constituyente lo tiene que decidir el Gobierno, este proceso
lo convocó una sola persona y ahora la Constituyente es una plenaria del
partido del gobierno".
Recordó que días después de
realizado el proceso de elecciones para la Constituyente la empresa Smartmatic,
"la empresa que contrató el Consejo Nacional Electoral para
llevar adelante el proceso, denunció las irregularidades en el resultado
anunciado".
Luisa Ortega Díaz puntualizó que
durante la campaña para la elección de los integrantes de la ANC,
"denunciamos que se amenazó a casi todo el país que tenía que votar
a la constituyente, a los funcionarios públicos se les amenazó con quitarle el
trabajo y a los que reciben algún beneficio social, se les dijo que dejarían de
recibir el beneficio si no votaban en el proceso".
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