Ramón Antonio
Pérez/Aleteia Venezuela | Sep 22, 2017
El padre Raúl Herrera comparó la reciente muerte del concejal Carlos
Andrés García con la de Franklin Brito, quien falleció como consecuencia de las
huelgas de hambre contra el régimen socialista
“El Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es uno de los cuerpos de
seguridad del Estado Venezolano, encargado de detener a los dirigentes
políticos. Se los llevan en buenas condiciones físicas, pero los empiezan a
torturar de forma mental y física hasta deteriorar su buena salud. Luego, para
que no los vayan a culpar (al Estado) le dictan la medida cautelar de casa por
cárcel, pero nunca se llega a concretar”.
Así de dura fue la
denuncia del sacerdote jesuita, Raúl Herrera, director del centro para la paz y
los derechos humanos “Padre Luis María Olaso”
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y responsable de la Parroquia
Universitaria “Epifanía del Señor”.
En conversación
para Aleteia, el religioso comparó en iguales
términos de crueldad la reciente muerte del concejal Carlos Andrés García, con la del
productor agropecuario Franklin Brito, ocurrida el 30 de
agosto de 2010.
“Hace unos días se
cumplieron siete varios años de la muerte de Franklin Brito, -un productor
agropecuario que pasó cuatro meses en huelga de hambre- a quién el gobierno de
Hugo Chávez le expropió sus tierras situadas en el estado Bolívar y no atendió
su protesta”, recordó acerca de aquél episodio que conmocionó a Venezuela y el
mundo.
El padre Herrera
enfatizó que el Estado viola sistemáticamente y reiteradamente los derechos
humanos de los venezolanos y de los presos políticos. “No
puede ser que la Fiscalía dicte una orden de excarcelación, medida cautelar o
sustitutiva y el Sebin no acate la solicitud”, dijo durante la
conversación.
Afirmó que el
Estado mantuvo al concejal García bajo su custodia, por lo cual fue su responsabilidad
lo que le ocurrió. “No se le brindó asistencia médica
adecuada, fue desatendido y le fueron violados sus derechos”,
indicó.
En ese sentido,
dirigió sus críticas también para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha
negado cualquier posibilidad de autopsia al concejal apureño fallecido, para
determinar las causas de su deceso. “Es muy grave que el máximo tribunal del
país avale una mentira, y se le niegue al fallecido concejal
García practicarle una autopsia forense. Las violaciones de los derechos humanos
no prescriben”, añadió.
Comentó que el
Gobierno de Nicolás Maduro persiste en el ataque sistemático contra sus
oponentes en aspectos como “la tortura, el dolor o sufrimientos graves físicos
o mentales, a una persona que se tenga bajo custodia o control”.
También dijo que el Gobierno usa “la persecución, la
privación intencional y grave de derechos”, en contra de la
disidencia política y otros ciudadanos.
Son crímenes de lesa humanidad
El sacerdote y
activista de los derechos humanos manifestó que “la desaparición forzada de
personas traducida a la aprehensión, detención, encarcelamiento, hostigamiento
o secuestro, seguido de la negativa de admitir tal privación de libertad o de
negar información sobre el paradero de esas personas, son crímenes de lesa
humanidad, según el protocolo de Estambul y los estatutos de Roma”.
Finalmente, el
padre Raúl Herrera manifestó que para los ciudadanos venezolanos, quedan dos
cosas por hacer. “La primera, mantenerse dentro de la Constitución,
y la segundo, participar en las elecciones porque somos
demócratas y la lucha debe seguir dentro de la ruta electoral,
sin olvidar que la justicia siempre llega, esas muertes en las protestas no
quedarán impune”.
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