Revista SEMANA 12 de febrero de 2018
La avalancha de ciudadanos del vecino país
es hoy un problema profundo y complejo. Y va a empeorar. Hospitales
desbordados, niños que duermen en la calle y el rebusque en cada esquina son
algunas de la imágenes que retratan este drama. ¿Cómo enfrentarlo?
El
fenómeno no es nuevo, pero desde hace unos meses, por la magnitud de la
migración y el drama humano de los desplazados, se convirtió en un problema de
seguridad nacional. Aunque las cifras oficiales de Migración Colombia hablan de
550.000, las oenegés mencionan a más de un millón de venezolanos. Los
hospitales están desbordados, los cambuches aparecen en calles y plazas de las
ciudades fronterizas, la demanda de cupos escolares para niños venezolanos no
da abasto y la criminalidad se ha disparado en varios municipios.
A
diario, por los puestos fronterizos y por las más de 280 trochas que atraviesan
los 2.219 kilómetros de los límites con el vecino país, miles y miles de
personas cruzan, ya no solo para buscar alimentos, medicinas y bienes básicos,
sino para quedarse. No les importa lo que tengan que sufrir con tal de irse de
Venezuela. Solo el año pasado, 37.000 venezolanos cruzaron al día los puestos
oficiales con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y se estima que alrededor de
2.000 no regresaron. Y con pasaporte entraron 796.000, de los cuales solo 276.000
volvieron a Venezuela.
El año
pasado, el flujo creció a tal punto que ya se convirtió en un éxodo. La
dimensión de lo que está pasando en las calles y plazas de Riohacha, Maicao,
Cúcuta, Arauca, Puerto Carreño y, de manera creciente, en pueblos y ciudades
del interior se está convirtiendo en el mayor drama humanitario que ha vivido
el país después del desplazamiento interno ocurrido durante los 50 años de
conflicto armado.
Las
medidas anunciadas en Cúcuta por el presidente Juan Manuel Santos buscan tener
un mayor control sobre la frontera, hacer más ordenado el arribo de las
personas, empadronar a los venezolanos y construir por primera vez un gran
campamento humanitario en territorio nacional. Y deja en evidencia que se trata
de un fenómeno que amenaza no solo la economía, la salud y la educación, sino
la seguridad del país.
Por su
dimensión, el Estado y la sociedad colombiana se van a poner a prueba porque la
mayoría de quienes llegaron –y los que van a llegar– lo hicieron para quedarse.
Un tema que saltará al primer lugar de la campaña presidencial que apenas
comienza.
Los
alcaldes y gobernadores han sentido con más fuerza esta última oleada, y en las
últimas semanas empezaron a hacerle llamados urgentes al gobierno nacional por
la forma como los migrantes desbordan los servicios sociales, invaden calles y
parques, inundan el comercio informal y protagonizan actos delincuenciales. De
hecho, el lunes pasado el presidente Santos se reunió con los mandatarios de
las zonas de frontera para socializar el plan que el alto gobierno venía
diseñando.
El
encuentro, sin embargo, terminó en un memorial de agravios. Los gobernadores y
alcaldes hablaron sobre los crecientes problemas sociales y de seguridad por
cuenta de esta acelerada migración. Al final, le pidieron al gobierno regular
prontamente el tema de los ciudadanos del vecino país, para controlar su ingreso,
saber quiénes son y poderles hacer seguimiento durante su permanencia.
El
gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, contó que en la reunión quedó en evidencia
que las cifras que el gobierno tiene en Bogotá no reflejan la realidad ni las
estadísticas que manejan los mandatarios locales, y advirtieron que Migración
Colombia debe ser más riguroso y eficaz al elaborar un registro creíble y
verificable. “La crisis desbordó nuestras previsiones económicas, y la
situación en salud se torna cada día más difícil. Es imposible que nuestros
centros hospitalarios, que ya arrastraban su propia crisis, puedan atender
ahora a los enfermos de dos países. Por eso, necesitamos que el gobierno nos
ayude con una problemática que en su esencia es del orden nacional”, dijo
Turbay.
Buena
parte de estos y otros problemas quedaron resumidos en una carta desesperada
que el alcalde de Maicao, Juan Carlos Molina, le envió al presidente Santos el
31 de enero. Allí le dice que junto con ciudadanos honorables también están
llegando numerosos delincuentes. A esto se suma “la presión social que genera
la incontrolable cantidad de migrantes en condiciones económicas precarias en
las vías y parques, que ocupan el espacio público y afectan la seguridad y
sanidad. El comercio formal ha visto disminuidas sus ventas por la competencia
desleal que ejercen estas personas que ingresan todo tipo de mercaderías;
afectando ostensiblemente nuestra convivencia y colocando nuestra ciudad en un
altísimo riesgo, por lo que le pido al alto gobierno realice una intervención
urgente por cuanto le compete atender las fronteras”.
Si el
encuentro con los mandatarios locales dejó un sombrío panorama para el
gobierno, el martes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, terminó de
ensombrecerlo al confirmar el crecimiento en el número de delitos cometidos por
venezolanos. El fiscal advirtió que entre enero de 2017 y el 5 de febrero de
2018 la entidad había capturado a 1.869 de estas personas en flagrancia.
Más complejo
A
decir verdad, el gobierno ha tenido que desafiar varias veces su capacidad
estratégica para enfrentar este fenómeno. Cuando el éxito de los diálogos con
las Farc pasaba necesariamente por Venezuela, tuvo que manejar el tema de la
frontera con un complejo equilibrio entre política y diplomacia.
Desde
agosto de 2015, con la crisis de los deportados, el gobierno desplegó acciones
en salud, educación, protección a la infancia y ayuda humanitaria para atender
a los connacionales; y ahora, a los venezolanos. Solo en 2017 atendieron, por
urgencias, a 25.000 personas de ese país en partos, asistencias maternas y
enfermedades crónicas. El hospital Erasmo Meoz de Cúcuta le facturó al sistema
más de 12.000 millones de pesos por prestar servicios a venezolanos, según el
gobierno. También ha incurrido en altos costos en educación y primera infancia.
Hasta
2016, más del 65 por ciento de quienes cruzaban la frontera eran colombianos
con sus familias, que en su mayoría habían partido en los años setenta para
buscar fortuna en el país del petróleo. Determinar cuántos han regresado es muy
difícil porque muchos vuelven a sus pueblos o ciudades, y junto con su familia
adquieren los documentos que les permiten recibir los servicios sociales del
Estado y trabajar sin ninguna traba. Esta es la historia de los hoy llamados
venecos. Otra historia es la de los venezolanos que han querido sembrar raíces
en un país poco acostumbrado a los inmigrantes.
Pero
el año pasado se disparó el número de inmigrantes venezolanos. En su mayoría se
trata de personas pobres o empobrecidas a quienes el hambre y la falta de
oportunidades los ha convertido en una generación de descamisados. De ahí, las
crudas imágenes que a diario se ven en las calles, en donde los venezolanos
hacen lo que sea para ganar plata o se ven obligados a dormir en terminales de
transporte o parques. En Maicao o Riohacha, por ejemplo, decenas de familias
esperan a que las luces en las casas se apaguen para acostarse en los porches y
entradas.
Entre
las muchas caras de esta tragedia humanitaria, el rebusque y la informalidad
son las más conocidas. A diario, a lo largo de la frontera, miles y miles de
venezolanos tratan de vender cualquier cosa para comer, comprar víveres o para
enviarles algo de dinero a sus familias. Dentro de las maletas o cajas que
logran pasar a salvo de las muchas aduanas hay algún objeto de sus casas para
vender: vasos, platos, cubiertos, lámparas, porcelanas, cuadros, tendidos o
ropa. Y los más osados ofrecen ventiladores, aires condicionados, puertas,
lavamanos o sanitarios.
Detrás
de este rebusque, al que cada vez más comerciantes formales e informales se
oponen o incluso han desatado algunos brotes de xenofobia (ver nota) hay una
lógica económica sencilla. El sueldo básico en ese país está en 248.510
bolívares, equivalentes a 74 dólares a la tasa de cambio oficial y 2,2 dólares
a la del mercado negro. Si a este se le suma el bono de alimentación de 549.000
bolívares, el “ingreso mínimo integral” es de 798.510 bolívares (238 dólares a
la tasa oficial y 7,16 a la del paralelo). Con ese diferencial tan abismal,
15.000 pesos colombianos equivalen al trabajo mensual de una persona en el
vecino país.
Esa
especie de tierra prometida se potencia con la posibilidad de obtener en
Colombia muchas de las cosas por las que hay que hacer en Venezuela horas y
horas de filas, cuando las hay. Y lo más contradictorio es que en La Guajira
pueden comprar de contrabando los productos de la canasta familiar que no
llegan a los supermercados, pero sí al otro lado de la frontera, gracias a un
complejo cartel en el que participan la Guardia Nacional y los militares
venezolanos.
Al
igual que pasa en la mayoría de países con los inmigrantes sin papeles o con
poca formación, la informalidad es el mercado natural en que pueden librar la
dura batalla por sobrevivir. Y, como se sabe, es un terreno sumamente fértil
para la ilegalidad. Estos y otros factores llevaron al gobierno a tomar el
paquete de medidas el jueves pasado en Cúcuta, entre las que aparecen el
aumento del pie de fuerza, restricciones al ingreso de venezolanos y atención
especial a los niños. “Se hará un control migratorio más fuerte, de modo que la
entrada de venezolanos al país será controlada, ordenada y dentro de la
legalidad”, dijo Santos.
Pero
estos controles y medidas aún no convencen del todo a los mandatarios locales.
“Si bien los ‘centros humanitarios’ para atender a los migrantes venezolanos en
zonas fronterizas son una medida de urgencia, consideramos que podrían ser un
riesgo, porque podrían incentivar aún más la migración de venezolanos a nuestro
territorio. Por eso, esto no representa una solución definitiva a la
problemática”, dijo a SEMANA el gobernador de Bolívar, quien ha asumido la
vocería de los mandatarios regiones. Los gobernadores creen que hace falta “una
hoja de ruta que vaya de la mano de una política pública migratoria estructural
y definitiva”.
Ronald
Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del
Rosario, señala que el fenómeno migratorio es más grande de lo que el gobierno
colombiano cree y lo va a ser aún más, sobre todo si se tiene en cuenta que las
elecciones ilegítimas que acaba de anunciar Nicolás Maduro para reelegirse van
a sepultar cualquier ilusión de cambio y van a expulsar a muchas más personas.
Algunos
expertos, incluso en el alto gobierno, han planteado cerrar la frontera por un
tiempo, mientras se pone algo de orden y se convoca a una reunión
internacional, incluidos los países de la región, para buscar soluciones y
ayuda económica.
Esta
oleada migratoria tomó al país sin las medidas necesarias para contenerla, y lo
más complejo es que le va a costar varios billones de pesos al año enfrentarla.
Solo tener a una persona vinculada al sistema de salud puede valer en promedio
500.000 pesos, y cada nuevo niño en primaria le puede costar al Estado más de
2.500.000 pesos al año, según el Ministerio de Salud.
“Esto
nos está cambiando y va a cambiar la historia del país, tal y como ocurrió con
Venezuela con la migración de colombianos en los años setenta o los países del
Cono Sur con la de los europeos al comienzo del siglo XX. Esto no se va a
detener y por el contrario es algo que va a durar, 10, 20 o 30 años. Nos va a
cambiar y no vamos a ser como antes”, dijo Rodríguez.
La
mayoría de quienes han llegado no son miserables incapaces ni van a cruzarse de
brazos. Por el contrario, conforman una fuerza que va a dinamizar la economía.
Muchos van a crear nuevos negocios y emprendimientos, romper lógicas,
oligopolios, como quedó en evidencia en la industria petrolera o las
droguerías. Más del 60 por ciento de los venezolanos residentes en Colombia
tienen estudios universitarios y hay una masa crítica de profesores, con una
elevada formación, que ya están compitiendo por los puestos de trabajo en las
universidades en beneficio de los estudiantes. Y se sabe que, cuando tienen
ingresos, muestran hábitos de consumo mayores a los de los colombianos.
Por
eso, en vez de aumentar la confrontación y la hostilidad con quienes ya están,
el país debe facilitar los procesos de regularización, permanencia temporal,
inserción a la economía, formalidad, pago de impuestos y respeto por las
normas. Colombia está a prueba: el Estado, en su visión estratégica,
legitimidad y eficacia; y la sociedad, en su tolerancia, respeto e inclusión.
El éxodo de venezolanos es un fenómeno cuyo impacto se sentirá durante varias
décadas en el país.
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