martes, 26 de junio de 2018

Unión Europea aprueba sanciones contra 11 funcionarios del Gobierno de Maduro, por @DiarioTalCual




Tal Cual 25 de junio de 2018

Luego de cumplir varios procesos, el bloque europeo aprobó sancionar a otros funcionarios venezolanos que estuvieron relacionados con las elecciones del pasado 20 de mayo, con lo que pretende incrementar la presión sobre el Gobierno de Caracas para que busque una salida democrática a la crisis que vive el país

La Unión Europea aprobó este 25 de junio aprobó sancionar a otros once funcionarios venezolanos por su implicación en las elecciones del pasado 20 de mayo, consideradas por el organismo multilateral como írritas y que no cumplieron los estándares internacionales.

De acuerdo a Europapress, las penalizaciones que se emitirán serán a título personal con el fin de “no perjudicar a la población civil”, que implican la prohibición de poder viajar a cualquier país de la Zona Euro y la congelación de los posibles activos que puedan tener en esas naciones.

Dentro de los sancionados se encuentra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, así como la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas.

De esta forma, la lista de sancionados por la Unión Europea sube a 18, luego de que el pasado mes de enero se anunciara las sanciones a otros siete funcionarios “por menoscabar, a juicio de la UE, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en este país latinoamericano, sumido en una profunda crisis política y económica”.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el considerado número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, figuran entre esos siete primeros sancionados.

Al contrario que Canadá, Estados Unidos y Panamá, los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano, ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pos de una solución negociada a la crisis.

En noviembre, los 28 países europeos aprobaron su primer paquete de sanciones, consistentes en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la “represión interna”, preocupada por la situación en el país tras la manifestaciones opositoras que dejaron 125 muertos en cuatro meses en 2017.


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