Agencias 08 de noviembre de 2024
Interpol
recordó hoy que las reglas de la agencia policial internacional prohíben que
sus mecanismos sean utilizados por razones políticas y no quiso comentar la
demanda recibida de Venezuela para que se lanzara una «alerta roja» contra el
líder de la oposición, Edmundo González Urrutia.
Preguntado este viernes sobe esa solicitud del fiscal general de Venezuela del pasado 24 de octubre contra González Urrutia, de la que informa el diario «El Tiempo» de Bogotá, un portavoz de Interpol respondió a EFE que no podía comentar «casos individuales».
No
obstante, el portavoz también añadió que el artículo 3 de la constitución de la
organización «prohíbe cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas».
El
fiscal general de Venezuela pidió que Interpol emitiera una «alerta roja»
contra el que fue el rival de Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales
de Venezuela del 28 de julio, que se encuentra exiliado en España desde
comienzos de septiembre tras un acuerdo con el Gobierno de Venezuela en la
embajada española y salir de Caracas.
Según
la información que publica «El Tiempo», la solicitud se hace por los delitos de
conspiración, usurpación a la identidad, forjamiento de documentos.
El
diario afirma que los delitos que la justicia venezolana le imputa a González
son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la
desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento a las instituciones
del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de
información falsa desconociendo los resultados electorales, sabotaje o daños al
sistema, asociación, legitimación de capitales.
El
sistema de las «alertas rojas» de la agencia policial internacional es una
forma de comunicar informaciones sobre personas a las que busca la Justicia de
un país al resto de miembros para que sean detenidas si son identificadas.
Una
parte de esas notificaciones son públicas y se pueden consultar en la página
web de Interpol, pero hay otras que por razones de confidencialidad o para que
puedan ser más efectivas únicamente transitan por las vías de transmisión
internas a las que tienen acceso los servicios policiales de los 196 países
miembros.
La
organización somete a un filtro las demandas que le llegan de las autoridades
de esos países, en particular para detectar aquéllas que pueden encubrir algún
tipo de persecución política o violaciones de los derechos humanos.
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