Consejo de Derechos Humanos 11 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
Gracias, señora Presidenta.
Excelencias,
Distinguidas y distinguidos delegadas y delegados,
Señoras y señores,
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela se complace en presentar esta actualización
oral de su trabajo, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo de
Derechos Humanos.
Como recordarán, en septiembre de 2020, la Misión
presentó su primer informe al Consejo, detallando casos de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y
tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de
género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
Nuestras conclusiones fueron claras: algunas de estas
violaciones se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa
humanidad.
La Misión de Determinación de los Hechos continúa
estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y
violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, al igual que
ocurre con otros órganos de investigación del Consejo de Derechos Humanos, la
crisis de liquidez que afecta a la Secretaría de la ONU ha retrasado la
contratación de nuestro equipo de apoyo.
A medida que se incorpore el equipo completo, seguiremos
investigando, verificando y documentando dichas violaciones, con el fin de
presentar conclusiones sólidas al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de
este año y en 2022.
Hoy presentamos la información que hemos recopilado
desde la publicación de nuestro informe, al tiempo que subrayamos que se trata
de un trabajo en curso. Recientemente nos hemos puesto en contacto con el
gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones
en el terreno, tal como hemos intentado de manera continua durante el último
año, sin hasta la fecha obtener una respuesta. Seguiremos buscando la
cooperación.
Señora Presidenta,
El 6 de diciembre, Venezuela celebró elecciones
parlamentarias. Estas fueron evaluadas, tanto a nivel nacional como internacional,
como injustas y carentes de libertad. Los partidos alineados con el gobierno
obtuvieron más del 90% de los escaños de la Asamblea Nacional, en el contexto
de una elevada abstención electoral y un boicot de los partidos de la
oposición.
Con esta concentración de poder, el clima político de
exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de
la oposición política que destacamos en nuestro primer informe.
En sus primeros días de asumir el poder, la nueva
legislatura conformó una “Comisión Especial para Investigar las Acciones
Perpetradas contra la República por la Directiva y miembros de la Asamblea
Nacional en el período 2016-2021”, con el mandato de investigar a los
anteriores miembros de la legislatura liderada por la oposición.
El 25 de febrero, el ex parlamentario Gilberto Sojo
fue detenido por las FAES, en relación con acusaciones pendientes de terrorismo
vinculados a su participación en protestas políticas en 2014. Anteriormente
había estado detenido en prisión preventiva por estos cargos, pero fue puesto
en libertad en 2016 con medidas sustitutivas.
Además, el ex miembro de la Asamblea Nacional, Juan
Requesens, a pesar de habérsele concedido arresto domiciliario en septiembre,
sigue enfrentando un juicio penal, acusado de delitos graves como homicidio
calificado frustrado contra el Presidente. Nos preocupa que el juicio del Sr.
Requesens se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente, lo que va en
contra de los principios de transparencia y de un debido proceso.
Señora Presidenta,
La represión continúa, por tanto, contra las personas
percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno. Continúan
procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones
arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el
informe de septiembre de 2020.
Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos
en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos,
irreparables. Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido
arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, falleció en
enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso
después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento.
Seguimos profundamente preocupados por las personas
detenidas en los centros de inteligencia militar y civil. El capitán Luis de la
Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, por ejemplo, siguen en un
estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente
siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles.
Continuaremos investigando las denuncias de tortura y
tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre
actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas.
Al mismo tiempo, seguimos buscando información
relacionada con los esfuerzos del gobierno para prevenir y remediar las
violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los
abusos. Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor
de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas.
En octubre, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la
sentencia contra los dos presuntos responsables en el caso del ex capitán de
corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuya muerte en 2019, concluimos con motivos
razonables para creer, fue consecuencia de las torturas infligidas por
funcionarios de inteligencia militar. La nueva acusación del Ministerio Público
incluyó los delitos más graves de homicidio calificado con alevosía y tortura.
Sin embargo, el Estado sigue procesando sólo a funcionarios de bajo rango por
esta muerte.
Esperamos que se den pasos adicionales hacia la
justicia y la rendición de cuentas. El Estado dijo en su respuesta pública a nuestro
informe emitido el pasado mes de septiembre que está investigando más de 600
casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales.
Hemos solicitado al Estado que nos proporcione más información sobre estas
investigaciones.
Señora Presidenta,
Las venezolanas y los venezolanos siguen
manifestándose contra la situación política, así como contra el colapso de los
servicios básicos y la crisis del combustible, con demandas relacionadas con el
trabajo, la salud y la alimentación. Las organizaciones de la sociedad civil
registraron más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre;
daremos seguimiento de estos casos.
Desde la publicación de nuestro informe de septiembre
de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos ha identificado 36 nuevos
casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de
ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas
han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por
criticar al gobierno y a personas relacionadas con él.
Nueve de estas detenciones afectaron a periodistas y a
la prensa independiente, quienes también han sido acosados o sus trabajos
suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. Silenciar a
quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia
necesaria para garantizar la rendición de cuentas.
Estamos investigando el caso de Roland Carreño,
detenido en octubre de 2020 y acusado de conspiración, financiamiento al
terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra. Todavía no hay
fecha fijada para su audiencia preliminar, a pesar de haber transcurrido el
plazo establecido por la ley.
También señalamos la gravedad de la detención
arbitraria del estudiante de medicina colombiano/ecuatoriano, Dr. Leonard
Hinojosa, quien fue detenido en Zulia en octubre de 2020 cuando regresaba de
Colombia para terminar su residencia. Desde entonces, lleva más de cuatro meses
detenido en la instalación de inteligencia militar en Boleíta sin conocer los
cargos que se le imputan.
Señora Presidenta,
El concepto estatal de “enemigo interno” parece ser
cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada
por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y
organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de
derechos humanos.
El gobierno ha endurecido los requisitos para el
registro, la financiamiento y el funcionamiento de las ONGs. Las autoridades
han detenido a trabajadores de ONGs por delitos previstos bajo la Ley contra
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, relacionados con la
recepción de fondos extranjeros por parte de las ONGs y la distribución de
tarjetas de prepago.
Por ejemplo, en noviembre se emitió una orden de
aprehensión contra Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la
Solidaridad, que distribuye comidas a personas necesitadas.
Además, en enero, oficiales militares y de
inteligencia del Estado detuvieron arbitrariamente a seis hombres de la ONG de
salud pública Azul Positivo. Aunque la Misión de Determinación de los Hechos
reconoce su liberación el 10 de febrero, seguimos preocupados por el trato que
recibieron durante su detención y por los cargos que se les imputaron.
Las y los funcionarios públicos han alimentado el
hostigamiento de las ONGs mediante el uso de retórica que critica la
cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de
fondos extranjeros.
También destacamos nuestra preocupación por el hecho
de que, desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, más de 20 personas, entre
ellas trabajadores y trabajadoras de salud, han sido detenidas por compartir
información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. Investigaremos
si se trata de detenciones arbitrarias.
Señora Presidenta,
En septiembre del año pasado, destacamos el grave
patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad
venezolanas en el contexto de las operaciones de seguridad.
Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por
las fuerzas policiales desde el comienzo del año e investigaremos las
circunstancias en torno a estos casos. También investigaremos la participación
de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos.
Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES llevaron a cabo
la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha,
en el barrio de La Vega, en Caracas. Según fuentes policiales, se desplegaron
650 agentes en la operación. Nuestras investigaciones preliminares indican que
al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones
extrajudiciales.
Además, hemos recibido informes de que las y los
funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la
rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden re victimizar a los
familiares que buscan justicia para sus seres queridos. Estos incluyen no
entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los
cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra.
Señora Presidenta,
El Consejo nos ha pedido que llevemos a cabo nuestro
trabajo con miras a combatir la impunidad y garantizar la plena responsabilidad
de los autores y asegurar justicia para las víctimas.
En nuestro primer informe, identificamos a presuntos
perpetradores de unidades de inteligencia, seguridad y militares del Estado. De
acuerdo con nuestro mandato, profundizaremos en nuestras investigaciones sobre
estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando,
utilizando el estándar de motivos razonables para creer. También estaremos
atentos tanto a las acciones como a las omisiones por parte del gobierno.
La Misión de Determinación de los Hechos también
examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir
responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la
coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como
con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros.
Además, profundizaremos en nuestras investigaciones
sobre las respuestas de las y los fiscales y del poder judicial a las
violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión
u omisión, el poder judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad.
Señora Presidenta,
Esperamos que Venezuela resuelva su crisis de derechos
humanos. Establecer los hechos y reconocer que se han cometido errores es el
primer paso crucial.
Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este
Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar
central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la
gravedad de la situación y negando toda transgresión.
Los derechos humanos deberían efectivamente estar en
el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar
todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y
aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen
derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de
Venezuela en su conjunto.
Quisiera concluir diciendo que somos conscientes del
contexto sensible en el que operamos. Por lo tanto, continuaremos dando gran
importancia a la metodología de nuestro trabajo. Aún esperamos que las
autoridades de Venezuela cooperen con nosotros.
No obstante, seguiremos trabajando de manera
independiente, imparcial, objetiva y rigurosa mientras construimos un cuerpo de
información creíble para presentar al Consejo de Derechos Humanos en septiembre
de este año y en 2022.
Gracias por su atención.
Tomado
de:
