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Sobreviviendo está la mayoría de dirigentes políticos,
comunales, estudiantes y de la resistencia que tuvieron que salir de Venezuela
hacia al otro lado de la frontera con Colombia
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Por Mariana Duque, 24/08/2017
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| Quienes participaron en cuatro meses de protestas tuvieron que cruzar la frontera con Colombia para vivir de lo que puedan, pues no tienen apoyo económico de nadie |
San Cristóbal.- Seis
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recién nombrado por la Asamblea
Nacional, y al menos 40 dirigentes políticos, estudiantiles e
integrantes de la resistencia en el estado Táchira, permanecen en la
clandestinidad al otro lado de la frontera colombo- venezolana, en la
ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander, Colombia.
Algunos han tenido que
enfrentar el temor de ver ingresar a los cuerpos de seguridad a sus casas,
conocer las amenazas contra sus familias o sentir de cerca la
persecución de los organismos de inteligencia, por lo que igual
decidieron cruzar el puente internacional Simón Bolívar.
Gonzalo Oliveros,
Gonzalo Álvarez, Rafael Ortega, José Luis Rodríguez, Rubén Carrillo y Evelina
de Apolo son los seis magistrados que se trasladaron
a Colombia a buscar asilo o refugio después de que el presidente de la
República, Nicolás Maduro, los declarara traidores a la patria y el TSJ en
funciones los culpara de usurpación de funciones.
Rafael Antonio Ortega Matos,
magistrado suplente de la Sala Social, relató a “El Pitazo” que
ante el aviso de orden de captura ingresó a sus cuentas bancarias por
Internet y descubrió que estaban congeladas, al igual que sus bienes inmuebles.
Desde el 21 de julio hasta el 1 de agosto se quedó en casa de amigos, hasta que
logró ingresar con su esposa y dos hijos, de 17 y 13 años de edad, al Norte de
Santander.
No había pensado irse de
Venezuela, no tiene cuentas bancarias en el exterior ni visa para los Estados
Unidos. Es un apasionado profesor universitario de Derecho y semanalmente da
clase a 300 bachilleres. Estima que en 22 años laborando en la academia ha
formado a más de 6 mil venezolanos.
“Nunca pensé salir del país.
Mi país es bello, tiene riqueza, bondades, a donde uno llega es bien tratado.
Esto fue una salida forzosa. No estamos huyendo; huyen los que cometen un
delito, pero nosotros no hemos cometido ninguno. Presentamos nuestras
credenciales y salimos electos porque tenemos buenos currículos. Y nos estamos
resguardando porque presos no hacemos nada”, afirma Ortega Matos.
Las ganas de cambiar el
sistema judicial lo llevaron a postularse, pero nunca pensó que sería
perseguido por el Gobierno por la razón de ser magistrado. Afirma que
aun conociendo las consecuencias lo volvería hacer, porque quiere ayudar a su
país a salir de la crisis. Estando en Colombia teme por la vida de su familia,
pues a escasos metros de la frontera cualquier cosa puede pasar.
“Llegaron a mi
trabajo”
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| Magistrado José Luis Rodriguez |
Al magistrado José Luis
Rodríguez, primer suplente de la Sala Político Administrativa, el Sebin le
llegó a su oficina de trabajo en el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en la ciudad de Mérida. No lo
encontraron, pero su esposa -bajo medida de protección- le informó. Llegó
a Cúcuta el pasado 11 de agosto solicitando protección internacional.
“Cada uno de los magistrados
hemos tenido que buscar los medios de protección individual para estar en buen
resguardo y trabajar en conjunto los 31 que hemos sido seleccionados, porque
conocimos la renuncia de dos magistrados por las medidas de arresto, bloqueo de
cuentas y propiedades”, precisa el magistrado.
Ninguno de ellos
cuenta con los recursos económicos para mantenerse en otro país, y por no
pertenecer a ningún partido político tampoco tienen apoyo monetario de parte de
estos. Viven del apoyo de quienes se conduelen de lo que
les está ocurriendo y de lo que pasa en Venezuela.
“Nos dejaron
solos”
A la dirigencia juvenil y de
la resistencia también les ha tocado salir a la fuerza de su país. Los primeros
aseguran que sus partidos políticos los dejaron solos, mientras que quienes
luchaban sin representación partidista también se sienten defraudados, porque
nada por lo que lucharon se logró.
“Juan” (seudónimo) es un
dirigente juvenil tachirense que tiene tres semanas de haber llegado a
la ciudad de Cúcuta, a donde ingresó con un morral con pocas pertenencias
buscando resguardar su integridad, pues, según dice, los organismos de
inteligencia lo rondaban en su casa y trabajo.
Lo acompañan en su
clandestinidad políticos del estado Mérida, de Portuguesa, de la resistencia de
Caracas, concejales y alcaldes. Estima que unos días antes de las elecciones a
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se movilizaron, al menos, 80
dirigentes al Norte de Santander, sin contar a quienes se fueron a otras
ciudades de Colombia y a quienes están en Miami.
“Tenemos información de
familias completas que se han venido al Norte de Santander a pasar situaciones
difíciles, que están aguantando hambre y siendo atendidas a través de refugios.
Es gente que tenía una vida normal en Venezuela y ahora su situación es
bastante delicada”, afirma Juan.
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| Magistrado Rafael Antonio Ortega Matos |
Denunció que en San
Cristóbal han estado hostigando a su familia, y acotó que la
dirigencia política opositora venezolana no los ayuda, ni siquiera los partidos
políticos más grandes –él pertenece a uno de ellos-, por lo que tienen que
buscar cómo vivir. Algunos tenían ahorros y sus familias logran enviarles
algún dinero, que aunque al cambiar el bolívar por el peso colombiano se
traduce a poco poder adquisitivo, el dinero les sirve para no pasar el día sin
bocado. Sin embargo, como no saben cuánto tiempo vivirán de esa manera, están
buscando trabajo como vendedores, mesoneros o cualquier actividad digna que les
permita mantenerse.
En Norte de Santander no se
siente seguro, pues tiene información de que hay funcionarios de la
inteligencia venezolana allá. La precaución es su compañera diaria; por ello,
tiene cuidado de con quién habla y quién camina a su lado, ya que a pesar de
tratarse de otro país, su condición fronteriza lo podría hacer víctima
de una desaparición forzosa o inclusive de que grupos irregulares lo secuestren y
lleven a Venezuela para ser juzgado en tribunales militares.
“Me querían
asesinar”
La madrugada del 29 de julio
cuerpos de seguridad ingresaron a la casa de Naudy Corona, concejal del
municipio Cárdenas. No tiene claro si para llevárselo detenido o para
asesinarlo, pues a mamá y hermana les decían: “Venimos por él para matarlo”.
Estaba durmiendo cuando los
cuerpos de seguridad ingresaron a la fuerza a las viviendas de sus vecinos,
buscando la dirección exacta. Una granada sonora que rompió los vidrios de su
residencia lo hicieron despertar. Al asomarse y ver a los efectivos intentando
abrir su casa, salió por una ventana y se resguardó en casa de un vecino.
La peor parte la llevaron sus
hermanas y progenitora, a quienes agredieron física y mentalmente y amenazaron
con violarlas. “Destruyeron todo, los electrodomésticos… Se robaron todo lo que
pudieron conseguir en efectivo, celulares, tablas, computadoras, prendas,
útiles personales. Se robaron mi ropa, zapatos, relojes. Lo material no es lo
importante, sino el daño moral que le ocasionaron a mi familia. Amenazaron con
violar a mis hermanas, con violar a mi madre si no daban la ubicación exacta
donde yo estaba. Las agredieron física y moralmente”, reporta el concejal.
Corona asegura que han sido
pocas las personas que han prestado un respaldo moral sincero, porque
financieramente ha sido nulo.
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